La concejal del PP, Rosario Martínez, ha presentado una moción relativa al cumplimiento del auto del 20 de junio de 2017 mediante el cual queda suspendido el decreto por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en la Comunitat Valenciana. La popular ha señalado que “la precipitación y las prisas son y han sido palpables. El tema del plurilingüismo se ha llevado a cabo con una clara ausencia de consenso, cuya muestra más evidente es la reacción contraria por parte de los miembros de la comunidad educativa”. Igualmente ha recordado que el “PP está defendiendo la libertad de los padres a la hora de elegir en que lengua quieren que estudien sus hijos. Pero este decreto impone y limita. La libertad de los padres para elegir es una libertad condicionada, sometida a una forma de chantaje o peaje, puesto que si eligen para sus hijos aquello que desea la administración, tendrán las máximas oportunidades. De lo contrario, deberán buscarse la vida para que sus hijos puedan acreditar un correcto nivel de lenguas extranjeras”.
Martínez ha indicado que finalmente, el decreto fue suspendido por la sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por Auto de 23 de mayo de 2017 que fue confirmado por Auto de 20 de junio de 2017.
Sin embargo, el Conseller de educación, Vicent Marzà, ha afirmado que piensa seguir aplicando el plurilingüismo, su modelo de plurilingüismo y, de hecho, no ha dado ninguna instrucción a los centros, ni a las familias para dar respuesta al cumplimiento de la sentencia. Esta desobediencia manifiesta a los tribunales no tiene precedentes y es una actitud que no se puede consentir en un Estado de Derecho.
Si la justicia ha suspendido la aplicación del decreto del chantaje lingüístico ha sido porque considera que se pueden producir daños irreparables al alumnado, por lo que estamos ante un tema enormemente sensible que el Consell está obviando e infringiendo la ley para anteponer sus intereses a los del alumnado. La propuesta es la siguiente:
1º: Exigir la dimisión del Conseller Marzà por ser el responsable de una norma que chantajea a las familias, para imponer su doctrina catalanista, y por desobedecer los autos del TSJCV que anulan el decreto del chantaje lingüístico.
2º: Instar al Consell a que cumpla de inmediato el auto del 20 de junio de 2017 mediante el cual queda suspendido el decreto por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en la Comunitat Valenciana.
3º: Instar al Consell a que elabore unas instrucciones específicas sobre la normativa aplicable en la actualidad en materia de plurilingüismo, por escrito, para todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa y que sean publicadas en el DOCV.
4º: Posibilitar a las familias que han presentado su solicitud de admisión en base a los niveles del decreto 9/2017 la posibilidad de modificar dicha solicitud, si así lo desean.