Según expone Salvemos Lo Ferrís (SLF) en toda España hay más de 125.000 kilómetros de vías pecuarias y, en concreto, la Comunitat Valenciana cuenta con un rico patrimonio de estos caminos, con una red de más de 14.000 kilómetros, que constituye un activo medioambiental, aunque sólo un 2% está deslindado y se aprovecha para el bien de los vecinos. Según la ley, “son bienes de dominio público de la Generalitat y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Pero a menudo, en la práctica, y a lo largo de todo el territorio español se dan los mismos conflictos: no están lo suficientemente protegidas, no se encuentran en buen estado ni deslindadas, por lo que se usurpan, cayendo en manos que se adueñan de estos corredores tradicionales, que son de todos los ciudadanos, con el único objetivo de especular y urbanizar.
“SLF” lo ha podido constatar después de participar en las X Jornadas en defensa de los caminos públicos, promovidas por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos y celebradas en Córdoba, y más recientemente en la mesa redonda Vías pecuarias en Murcia: patrimonio, medioambiente, cultura, turismo y sostenibilidad, organizada por la Universidad de Murcia. En el debate, miembros de la plataforma preguntaron a Juan de Dios Cabezas, subdirector general de Política Forestal de Murcia, y a José Luis Díaz Manzanera, fiscal de Medio Ambiente de Murcia, sobre las responsabilidades penales en las que incurren quienes permiten la enajenación de bienes públicos. Así, se habló de daños a la propiedad pública, delito medioambiental y prevaricación de funcionarios públicos: “El código penal tipifica como delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables sobre bienes de dominio público (art. 319) y la omisión en la realización de inspecciones de carácter obligatorio (art. 320)”.
La conclusión es clara: algunas infracciones contra las vías pecuarias, como usurpaciones o daños, tienen trascendencia penal, al atentar contra el dominio público. Sin embargo, la falta de deslindes impide su adecuada protección, por lo que urge un programa de clasificación y deslindes.
Ejemplo
Por ejemplo, la Región de Murcia cuenta con 2.750 kilómetros de vías pecuarias. Este patrimonio pertenece al dominio público, está legalmente protegido, considerado “inembargable, inalienable e imprescriptible” y es competencia de la región, que debe garantizar su conservación. A pesar de este amparo legal, en Murcia aún quedan diez municipios cuyas vías están pendientes de clasificar y de las que lo están sólo se han deslindado 10 kilómetros (un 0,36%), lo que contrasta con otras comunidades autónomas como Andalucía, donde se han deslindado 8.879 kilómetros (un 26% del total).
Algo similar ocurre en Lo Ferrís, donde el “muro de la vergüenza” usurpa la cañada real costera, que comienza en Punta Prima, continúa por la costa hasta Cabo Cervera y se dirige a la laguna de la Mata. “Salvemos Lo Ferrís” ha pedido en reiteradas ocasiones tanto a la comunidad como al Ayuntamiento que comience el deslinde. El propio informe técnico de la dirección territorial de la Conselleria de Medio Ambiente afirmaba que el vallado afecta a la vía pecuaria: “A pesar de que la cañada real de la costa no consta como deslindada, por lo que no es posible determinar con precisión los lindes definitivos, se puede constatar que la vía ha sido cortada por el murete construido en la zona”.
La Conselleria concluía de esta forma que la ubicación actual de la valla no sería la adecuada, por lo que proponía, hasta que se realice el deslinde definitivo, modificar el trazado del muro, para que “se respete el ancho de 75 metros de la cañada real de la costa, situando el vallado de forma cautelar, al menos, a 37,5 metros al oeste de la línea de la cañada real”.
